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Nueva legislación pone a la naturaleza en balance de activos de Perú

by Barbara Fraser | Thomson Reuters Foundation
Tuesday, 27 May 2014 14:00 GMT

Giving ecosystem services an economic value can improve resource management and shape policy, experts say

LIMA (Fundación Thomson Reuters) - El arroyo que emana desde el lago Parón, a los pies de un brillante glaciar en la Cordillera de los Andes, corre más allá de un pueblo de agricultores y de la ciudad de Caraz antes de unirse al río Santa.

Su agua cae a través de un empinado y estrecho cañón, alimentando una central hidroeléctrica, antes de llegar a la costa desértica, dónde una parte es desviada para regar campos de cultivos de exportación, mientras que el resto desemboca en el Océano Pacifico.

Los pequeños agricultores que viven a la sombra de los glaciares peruanos, que se están reduciendo por el cambio climático, comprenden la importancia del agua y la vegetación que los rodea. Pero no fue hasta hace poco que la riqueza natural de Perú –desde los bosques tropicales y los arroyos alimentados por los glaciares de los parques nacionales- han comenzado a ser registrados en los balances financieros de la nación latinoamericana.

Estos ecosistemas son la fuente de una variedad de productos, desde la madera hasta las nueces de Brasil, además de servicios tales como almacenamiento de carbón, regulación del agua y control de la erosión, por no hablar de su impresionante belleza natural.

Y aunque algunos críticos se resisten a poner un valor sobre los ecosistemas y los servicios que ellos proporcionan, los defensores dicen que deben ser considerados entre los activos económicos del país.

"El cálculo de su valor económico ayuda a sacar a la luz los beneficios que recibimos de toda una serie de servicios que son proporcionados por los ecosistemas", dijo Rosario Gómez, ex viceministro de medio ambiente, que ahora es un investigador de la Universidad del Pacífico en Lima.

Perú dio sus primeros pasos en esa dirección con algunos estudios hace más de una década, pero el esfuerzo ganó impulso en 2008 cuando se creó el Ministerio del Medio Ambiente del país.

NUEVAS DIRECTRICES

Un paso importante fue la legislación que exige a las empresas calcular el costo del  impacto ambiental de sus operaciones, de acuerdo con Roger Loyola, director de la Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural.

“La ley no dice qué son los activos naturales”, dijo Loyola, “pero nosotros lo interpretamos como  algo que se produce naturalmente, sin intervención humana. Esto incluye recursos naturales, ecosistemas y servicios ecosistémicos”.

La legislación peruana exige el uso sostenible de los recursos naturales, pero no regula específicamente pagos por servicios ambientales. Tampoco las leyes vigentes fomentan necesariamente una gestión eficiente de los recursos naturales, agregó Loyola.

Por ejemplo, los agricultores en el valle del río Santa pagan una cuota por el acceso al agua para el riego, pero esa cantidad no refleja el valor propio del agua, ni la importancia -y costo- de la protección de las partes altas de la cuenca, donde el río tiene su fuente.

La oficina de Loloya actualmente está redactando dos manuales, uno para calcular los costos de los impactos ambientales, que espera sea terminado en junio, y uno para determinar el valor de los recursos naturales, que será terminado a finales de este año.

Esas directrices ayudarán a asegurar que el cálculo tenga una base científica consistente, dijo.

COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AMBIENTALES

Los proyectos de legislación, actualmente discutidas en el Congreso, proporcionan un marco para la compensación por servicios ambientales. Esos servicios incluyen la regulación del agua y ciclos atmosféricos, almacenamiento de carbón, la belleza escénica, control de la erosión y la biodiversidad.

El Ministerio de Medio Ambiente supervisaría la implementación del sistema general, esbozado en el proyecto de ley y que deja los detalles para ser explicados en la futura regulación.

El proyecto de legislación define a los proveedores de servicios ambientales como cualquier persona que contribuya con su conservación, recuperación y gestión sostenible. Aquellos que se benefician ambientalmente y económicamente de los servicios ofrecen alguna forma de pago u otra compensación a cambio.

La compensación - ya sea en efectivo o asistencia técnica - podría implicar el  financiamiento de la conservación y la gestión sostenible, desarrollo productivo e infraestructura conexa, de acuerdo con el texto de la ley.

Eso podría incluir cosas como ayudar a los pequeños agricultores a diversificar sus cultivos hacia el café de sombra, para disminuir la deforestación. Loyola asegura que la ley ayudaría a proporcionar incentivos para una buena gestión ambiental.

Los usuarios río abajo, por ejemplo, que están preocupados por la calidad del agua que reciben, podrían pagar a los agricultores de la cuenca alta para construir vallas y así impedir que el ganado de pisotee los humedales o ensucie los arroyos, dijo.

IMPACTO DE LAS POLITICAS

Destacar el valor económico de los servicios ecosistémicos también puede orientar las decisiones políticas, dijo la ex funcionaria Gómez.

Ella y sus compañeros de investigación compararon los ingresos de los agricultores que cultivaron cacao, la forma cruda de chocolate, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Río Abiseo, en el norte del Perú, con los de los productores de fuera de la zona del parque. Ellos encontraron que los agricultores más cercanos al parque produjeron unos 300 kilos de cacao adicionales al año, por valor de unos 720 dólares, debido a su ambiente mejor conservado.

Las familias utilizan este dinero extra para comprar útiles escolares para sus niños pequeños, y pagar por la universidad o matrícula de la escuela post-secundaria para los mayores.

El aumento de la productividad de las granjas cercanas al Río Abiseo fue un poderoso argumento para mantener el financiamiento del parque, que se enfrentaba a un recorte presupuestario, dijo Gómez.

Otros países también están utilizando la contabilidad del capital natural para formar políticas. Un estudio de 2010 de los manglares y humedales Térrabe Sierpe en la costa Pacífica de Costa Rica valora ese ecosistema entre 300 millones de dólares y 1,9 billones de dólares, un monto que justifica la inversión en medidas de conservación, de acuerdo con Greg Schundler, un analista  investigador de Earth Economics, una organización sin ánimo de lucro en Tacoma, en los Estados Unidos, que llevó a cabo el estudio.

Uno de los retos que enfrenta el Perú es conectar los cálculos de activos naturales con los planes de desarrollo local y regional, para asegurar que el valor de los ecosistemas y sus servicios sean tomados en cuenta en todas las partes del país, dijo Fernando León.

Él comenzó a trabajar en la valoración de los servicios ecosistémicos del Perú hace más de una década, y ahora coordina el Programa de Financiamiento del Medio Ambiente y Clima de la Agencia de Cooperación del Gobierno Alemán en el país.

Ese programa está trabajando estrechamente con el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú para asegurarse que la iniciativa de desarrollar un marco para la contabilidad del capital natural sea financiada adecuadamente, dijo.

Un beneficio añadido al programa de la contabilidad ambiental es que se han creado puestos de trabajo para los analistas y también se aumentó el número de cursos de economía ambiental y finanzas en Perú, señaló León.

En última instancia, dicen los expertos, que el objetivo de asignar un valor a los servicios ecosistémicos no es convertir la naturaleza en una mercancía, sino de utilizar los recursos naturales de manera más sostenible.

Eso también hace un buen sentido económico, como mostró el mencionado estudio de los productores de cacao, según Gómez.

"Funcionarios del gobierno local y regional están interesados en esto porque el objetivo es muy claro: los servicios ecosistémicos para la planificación del desarrollo, reducir la pobreza de manera más eficiente y aumentar la competitividad", dijo.

Bárbara Fraser es escritora independiente basada en Lima. Es especialista en reportes de medioambiente, salud pública y temática social e indígena.

Este artículo es parte de una serie de artículos, financiado por la Alianza COMplus y el Banco Mundial, mirando a los avances y desafíos en el desarrollo de los esfuerzos de las naciones para legislar en materia de cambio climático, antes de la Cumbre Mundial de la 6 a 8 junio de Legisladores en Ciudad de México, organizado por la Organización Global de Legisladores (GLOBE International). 

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