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Comunidades forestales mexicanas buscan beneficios en leyes de cambio climático

by Talli Nauman | Thomson Reuters Foundation
Thursday, 5 June 2014 13:25 GMT

Mexico is a leader in legislating on climate change, but local forest enterprises want more tangible support

IXTLÁN DE JUÁREZ, Oaxaca, México (Fundación Thomson Reuters) – En la montaña donde nació el venerado reformador indígena latinoamericano del siglo XIX y presidente vigésimo sexto de México, Benito Juárez, comunidades zapotecas como la suya están siendo distinguidas con galardones de clase mundial por proyectos forestales considerados de vital importancia para la estabilidad climática.

Sin embargo, la pionera legislación sobre el cambio climático de México, junto con sus reformas forestales y energéticas, han hecho poco para recompensar a los pueblos indígenas por su contribución a reducir las emisiones de carbono y mantener la naturaleza en equilibrio, de acuerdo con los participantes en los esfuerzos forestales gestionados por la comunidad.

“La ley de cambio climático no está difundida, no está conocida por los comuneros y no contempla a las comunidades”, dijo Oscar Méndez, un asesor contable de Ixtlán de Juárez.

Esta comunidad lleva el nombre de la fibra ixtle, obtenida de una nativa planta carnosa y del único indígena que ha servido como presidente mexicano. Es pionera entre las 38 que se han unido para formar una asociación de arboricultura en el sureño estado mexicano de Oaxaca.

La congresista Yesenia Nolasco, quien representa a Oaxaca en la Cámara de Diputados de México, es optimista de que la legislación federal sobre el cambio climático y desarrollo sostenible tendrá un pronto impacto positivo a nivel comunitario.

Nolasco es una de los cuatro delegados del Congreso mexicano que participaron en noviembre  en  el lanzamiento de un informe internacional que recomienda la aplicación de leyes nacionales para promover el incipiente plan respaldado por la ONU para la "Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal" (REDD+).

REDD+ compensará a las naciones en desarrollo por proteger sus bosques y el dióxido de carbono que almacenan.

“Los habitantes de regiones como Ixtlán son unos conocedores de la tierra por su historia, sus necesidades, y son ellos quienes mejor pueden abonar a cumplir la reglamentación ambiental”, dijo Nolasco, quien es parte de la Organización Global de Legisladores (GLOBE International), que encargó de las recomendaciones sobre REDD+.

SIN ACCESO Al FINANCIAMIENTO

La comunidad de Ixtlán de 19.310 hectáreas ganó en el año 2000 el Premio Nacional al Mérito para la Gestión Forestal Sustentable, y su negocio de productos integrados de madera reunió los requisitos para la certificación "Smart Wood" de la comunidad internacional Forest Stewardship Council en 2001.

Los 4 mil comuneros zapotecas han utilizado su empresa forestal como una incubadora, tornando las ganancias en oportunidades de empleo difícilmente imaginables hace una generación. El dinero también ha ayudado a poner en marcha la iluminación en las calles, un suministro de agua, alcantarillado, un servicio de autobuses y líneas de energía eléctrica, así como una tienda de comestibles, escuelas y un palacio municipal para la municipalidad de Ixtlán.

Después de haber elevado los niveles de educación, los salarios y los beneficios de jubilación a por lo menos el doble del promedio estatal, los participantes en la empresa forestal administrada por la comunidad están aplicando su formación en la silvicultura y la meteorología para anticipar y hacer frente a los impactos previstos del calentamiento global.

Ellos están reubicando cuidadosamente preciosas poblaciones de pinos silvestres cientos de metros por arriba de su histórica altura de ubicación para preservar la especie amenazada por las crecientes temperaturas. Es una medida de precaución tomada sin el apoyo del gobierno, dice Julio Ruíz, ingeniero forestal de Ixtlán.

La comunidad quiere capturar carbono a corto plazo y recolectar madera madura a largo plazo, pero hay una necesidad de vincular las fuentes de financiamiento con el esfuerzo local, añade. “Los países mas industrializados son los que contaminan más, pero difícilmente van a cambiar. Es más fácil para ellos apoyar a comunidades como esta con los bosques”, agregó.

“Ahorita el gobierno es el más interesado en que conservamos esto, y los legisladores pueden aterrizar a todo esto”, añadió. Pero todavía no existe un incentivo porque el programa federal para REDD+ aún no han sido trasmitido a la comunidad, señaló.

El borrador de la estrategia nacional de REDD+ está a la espera de una segunda revisión por un comité técnico creado en 2010, según la organización sin fines de lucro Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, que ha publicado recomendaciones para seguir avanzando.

La propuesta  de “pago por resultados” de REDD+ mexicano tendrá que cumplir con las leyes sobre cambio climático y desarrollo forestal, dice Lourdes Adriana López Moreno, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, y representante de Chiapas, un arbolado estado adyacente a Oaxaca.

El papel de los bosques y REDD+ en la gestión de los gases de efecto invernadero  estaba en la agenda de la segunda Cumbre Mundial de Legisladores en la Ciudad de México del 6 al 8 de junio, de acuerdo con GLOBE International.

López Moreno es miembro del grupo de parlamentarios de más de 80 países decididos a promover, implementar y supervisar la legislación sobre el cambio climático y las medidas de desarrollo sostenible. El trabajo de GLOBE ha ayudado a los legisladores mexicanos a “generar acuerdos amplios en ambas caras del poder legislativo”, dijo.

LIDERAZGO MEXICANO

En 2012, México se convirtió en uno de los primeros países del mundo en promulgar una ley de cambio climático, siguiendo el ejemplo de Japón, señaló Nolasco. La llamada Ley General de Cambio Climático, complementa otras leyes federales, incluyendo una ley de 2003 sobre el desarrollo forestal sostenible, vinculando las preocupaciones económicas con los temas ambientales, con el fin de distribuir racionalmente los recursos naturales, dijo.

"La ley sienta las bases no sólo para luchar por alcanzar estándares aceptables de la mitigación y adaptación (al cambio climático) a nivel nacional, sino que también por los beneficios que se reflejan en los niveles estatales, municipales y locales", agregó.

Inspirada por los logros de México, GLOBE puso en marcha en 2013 una Iniciativa de Legislación Climática, con la esperanza de convencer a otros países de legislar para impactar positivamente a los negociadores del clima de la ONU, quiénes deben llegar a un nuevo acuerdo que sustituya al Protocolo de Kioto a finales del próximo año.

Cuando el Protocolo de Kioto fue negociado en 1997, los 66 países encuestados en el más reciente Estudio de Legislación Climática de GLOBE tenían 46 leyes relacionadas con el clima. Al cierre de 2013 tenían 487.

“En este sentido, México lleva un liderazgo importante a nivel internacional”, dijo López Moreno. El Congreso de México ha iniciado ahora una reforma a sus leyes relacionadas con el clima “con el fin de contar con una ley adecuada a nuestro tiempos, y sin necesidad de estar haciendo cambios pequeños que dejan maltrecha una ley sólida”, agregó.

Este trabajo ha incluido consultas serias con los indígenas y comunidades de otras zonas rurales, asociaciones de productores, el sector privado y el poder ejecutivo del gobierno, según López Moreno. Pero los líderes de Ixtlán no están satisfechos con el proceso.

DESVENTAJAS FISCALES

El cronista oficial de Ixtlán, Manuel Garcés, relata cómo las concesiones del gobierno a un operador de un aserradero privado desde el vecino estado de Veracruz y a una fábrica de papel cercano, en los años 1940 y 1950 constituyeron la primera explotación de madera de la comunidad, que dejó sus bosques en mal estado. Dado que la política federal devolvió el control de los recursos a la comunidad “son los de la comunidad que hacen todo el trabajo y nunca ha recibido remuneración”, dijo.

Con los ingresos propios de la empresa forestal comunitaria, Ixtlán ha construido otras siete empresas, que ofrecen crecientes oportunidades de empleo para los lugareños y los residentes de las aldeas cercanas. La comunidad ha puesto en marcha su propio aserradero, fábrica de muebles, tiendas en diferentes ciudades, una empresa de ecoturismo denominada Ecoturixtlán, un servicio de autobús, un restaurante y una empresa embotelladora de agua.

Aquí no hay tráfico de drogas o tala ilegal porque toda la población se beneficia de la protección del negocio de la madera, dice el Comisario de Ixtlán, Jorge Melchor García Tamayo. Habiendo mejorado su calidad de vida mediante la gestión de sus recursos para la conservación y el empleo, los comuneros quieren beneficios fiscales en reconocimiento de su trabajo, dijo.

Ellos están llamando a una reversión de las recientes reformas fiscales que tasan a las empresas forestales comunitarias como si fueran empresas privadas. “La reforma fiscal nos ha pegado duro. La legislación tributaria no tiene contemplada a la comunidad”, se quejó García Tamayo. 

Para López Moreno, otro gran problema con el sistema tributario es su incapacidad para garantizar que los ingresos se canalicen hacia la protección de los recursos naturales.

“Requerimos de un destino cierto y una estructura administrativa que nos garantice que la recaudación fiscal en materia ambiental se destinará de forma directa al presupuesto para atender el cambio climático y el ambiente en nuestro país”, dijo.

Talli Nauman es codirectora de la consultora Periodismo para Elevar la Conciencia Ecológica, con sede en Aguascalientes, México.

Para ver más fotos de Ixtlán de Juárez, ver un reportaje fotográfico adjunto: Sustainable use of forests pays off for indigenous Mexicans

Este artículo es parte de una serie de artículos, financiado por la Alianza COMplus y el Banco Mundial, mirando a los avances y desafíos en el desarrollo de los esfuerzos de las naciones para legislar en materia de cambio climático, antes de la Cumbre Mundial de la 6 a 8 junio de Legisladores en Ciudad de México, organizado por la Organización Global de Legisladores (GLOBE International).

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