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El último año antes de mi graduación de abogada, realicé la práctica jurídica de servicio legal gratuito. Un grupo de estudiantes y yo, liderados por una abogada, apoyamos legalmente a personas de escasos recursos en las consultas que tenían y logramos que les otorgasen beneficio de litigar sin gastos, régimen de alimentos y visitas, salidas del país e inscripciones de personas para la obtención de documentos, entre otros trámites. Realmente fue gratificante poder orientarlas. De haber tenido que costear un abogado, dichas personas no hubieran podido acceder a la justicia.
Desde entonces comprendí que, para mí, la misión de un abogado consistía en brindar su profesión al servicio de los demás, a personas con y sin recursos y a ello me comprometí al prestar juramento al obtener mi título y matrícula profesional.
Como Directora Ejecutiva de la firma CENTRAL LAW he coordinado nuestro trabajo pro bono a nivel regional y desde 2010 cada una de nuestras oficinas en Centroamérica, Panamá y República Dominicana han suscrito la Declaración Pro Bono para el Continente Americano, una iniciativa del Cyrus R. Vance Center for International Justice of the New York City Bar y otras destacadas firmas de Latinoamérica.
A raíz de dicha suscripción la firma se ha comprometido a realizar trabajo pro bono al menos unas 20 horas anuales. He coordinado diferentes asuntos pro bono, desde el apoyo en cuanto a notificación de resoluciones judiciales hasta la asesoría en diversos temas a entidades sin fines de lucro que se dedican a la protección de la niñez, derechos humanos y a la protección de recursos naturales.
Comparado con otros países de Latinoamérica que son más activos en pro bono y tienen más centros de coordinación de asuntos (Clearing Houses) como Argentina, Chile, Perú y Colombia, debo decir que Centroamérica, Panamá y República Dominicana están haciendo un gran esfuerzo aunque su trabajo pro bono -en general- parece dedicado a asesorías legales aisladas en vez de asesoría legal constante a organizaciones o proyectos. Los centros de coordinación pro bono internacional son quienes mayormente proveen el trabajo y a veces son las mismas organizaciones sin fines de lucro y/o firmas internacionales las que directamente solicitan el apoyo local. Ojalá hubiera en Centroamérica más proyectos como aquellos que se ven en Suramérica: por ejemplo, ayudar a una ciudad a proteger más el ambiente o ayudar a colegios y universidades públicos a facilitar acceso para personas con incapacidad física, etc.
Algunas barreras que enfrenta actualmente el pro bono en Centroamérica podrían incluirla carencia de centros de coordinación local/regional; la falta de institucionalización dentro de las firmas; y una limitada cultura de trabajo pro bono en la región, así como hay en el resto de Latinoamérica. Las Universidades y Colegios de Abogados promueven el pro bono pero parece no ser suficiente para lograr una cultura de trabajo pro bono y tampoco promocionan ni lideran proyectos que podrían realizarse en colaboración con otros actores para hacer una mejor ciudad para sus ciudadanos y visitantes.
A fin de contribuir a la institucionalización del pro bono en CENTRAL LAW y la región, hemos desarrollado un manual de entendimiento interno para asistir en estos temas y por el cual básicamente además de una coordinadora regional existe un socio de cada país de la firma como el encargado pro bono. Llevamos un reporte de asuntos pro bono detallado por tema, entidad o firma referente, país que intervino, nombre de abogados, cantidad de horas. En general se aceptan los asuntos pro bono que surgen, excepto cuando se trata de épocas en el año en que hay menos personal porque están de vacaciones o cuando se trata de temas en los cuales los abogados somos sensibles al mismo y preferimos no involucrarnos.
En los últimos 5 años la firma ha sido galardonada con el reconocimiento de “Leading Light”, distinción otorgada por el Vance Center junto a Latin Lawyer a las firmas que han sobresalido en trabajo pro bono. También ha sido premiada por su labor pro bono en el Colegio de Abogados de Costa Rica.
A unos 20 años de haberme graduado, la sensación es igual de gratificante por haber guiado legalmente a diferentes personas, físicas y jurídicas, de escasos recursos, a concretar sus proyectos y a resolver sus necesidades que, de otro modo, no hubieran podido alcanzar. La misión del abogado se ha cumplido pero no es una misión cumplida porque aún queda mucho por hacer.
